Según lo establecido en el RGPD (Reglamento (UE) 2016/679), les proporcionamos la Información Detallada de Protección de Datos que se expone a continuación.
El Informe “Tratamiento del Trastorno por Consumo de Opioides. Necesidades no cubiertas en España”,
surge ante el desamparo y la necesidad que presentan muchos pacientes dependientes de opioides en
relación con el acceso al tratamiento agonista opioide (TAO) y a los resultados no satisfactorios tras su
instauración.
En España las diferencias entre Comunidades Autónomas en torno al acceso y prescripción de fármacos
disponibles para el trastorno por consumo de opioides (TCO), generan en ocasiones situaciones de
desigualdad y disparidad que implican que el tratamiento seleccionado no sea el más acorde a las
características y necesidades del paciente con dependencia.
En estas circunstancias son frecuentes la baja adherencia y persistencia farmacológica que provocan el
fracaso del tratamiento y la imposibilidad de que estos pacientes normalicen su vida, además del aumento
de recursos asistenciales y costes asociados para el sistema sanitario y la sociedad en general.
Este documento se ha desarrollado con información obtenida de la literatura y con la creación de un grupo
de expertos en el campo de las adicciones que identificaron las necesidades no cubiertas de los pacientes
en torno al manejo y tratamiento de la dependencia a opioides en España y cuyas aportaciones se pueden
identificar con letra azul.
Las Sociedades Científicas SOCIDROGALCOHOL, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA DUAL (SEPD) y
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SANIDAD PENITENCIARIA (SESP) manifestamos que las conclusiones de este
informe podrían ser el punto de partida para llevar a cabo una reorientación del tratamiento del TCO en
aquellos pacientes que no logran alcanzar el objetivo terapéutico.
La prevención de la falta de respuesta y del abandono de tratamiento, aspectos demasiado frecuentes entre
los dependientes a opioides, requiere una atención enfocada y centrada exclusivamente en el paciente, en
sus necesidades, expectativas y preferencias considerando el régimen terapéutico más adecuado
seleccionado entre todas las opciones disponibles en nuestro país.
La hepatitis C
Tal y como la define la Organización Mundial de la Salud, la hepatitis es una inflamación del hígado causada por una variedad de virus infecciosos y agentes no infecciosos.
Existen cinco cepas principales del virus de la hepatitis, denominadas tipos A, B, C, D y E. Si bien todas causan enfermedad hepática, los tipos B y C provocan enfermedad crónica en cientos de millones de personas y juntos son la causa más común de cirrosis hepática, cáncer de hígado y muertes relacionadas con la hepatitis viral. En 2016, la OMS planteó el objetivo de la eliminación de la hepatitis C como problema de salud pública para el año 2030.
España puede ser uno de los primeros países en alcanzar este objetivo, aunque según la estimación que recoge la Guía de Cribado de la hepatitis C del Ministerio de Sanidad, aún podrían quedar alrededor de 76.000 personas por tratar. Esta cifra será hoy en día muy inferior, pero en opinión de los expertos reunidos en el proyecto VHCero, aún pueden quedar en España unos 25.000 infectados no tratados.
La hepatitis C es una infección vírica que afecta al hígado causada por su virus (VHC), que se transmite por la sangre. La mayoría de las personas no experimenta ningún síntoma o estos son inespecíficos, hasta que se manifiestan las consecuencias de la enfermedad hepática avanzada(cirrosis y sus descompensaciones) y el cáncer de hígado. Se calcula que en el mundo viven alrededor de 58 millones de personas con infección por el VHC7.
A pesar de que el método diagnóstico de la infección es muy sencillo, a través de un análisis de sangre o una muestra de fluido oral8, se estima que un número importante de infectados lo desconocen, y cuando son diagnosticados presentan enfermedad hepática avanzada.
La asistencia sanitaria de las personas judicializadas con trastornos de su salud mental es un serio problema social y de salud pública al que se le ha prestado una atención dispar a lo largo del tiempo, tanto en España como en otros países europeos (1). Sin embargo, requiere una consideración especial por su magnitud apreciable. Los resultados de la Encuesta sobre Salud y Consumo de Drogas en Internados en Instituciones Penitenciarias (2022) muestran que el 34,8% (algo más de un tercio) de las personas internas refiere haber sido diagnosticada, alguna vez en su vida, de un trastorno mental o emocional, con una prevalencia mayor entre las mujeres (42,3%) que entre los hombres (34,3%), especialmente entre las mujeres de 35 a 44 años (46,9%) (2). Un porcentaje similar (32,2%) de la población penitenciaria manifiesta haber tenido ideas de suicidio alguna vez en la vida mientras que el 19,9% reconoce que ha intentado quitarse la vida alguna vez (25,4% mujeres y 19,5% hombres) (2). El 61,7% que refiere que ha tenido ideas de suicidio alguna vez en su vida, ha intentado suicidarse, siendo este dato más elevado entre las mujeres (65,8%) que entre los hombres (61,4%) (2).
En el entorno penitenciario, las personas con un trastorno mental grave (TMG) son especialmente vulnerables porque sufren síntomas psiquiátricos serios, frecuentemente incapacitantes; tienen un pobre estado general de salud y compromiso grave del funcionamiento social, y tienden a ser dependientes de otras personas cuidadoras para realizar actividades diarias básicas (3,4). Por lo tanto, se trata de un colectivo que se beneficia de atención sanitaria especializada.
Este informe proporciona una descripción general del desempeño de los sistemas de salud penitenciarios en la región europea de la OMS. Contiene datos de 2020 obtenidos a través de una encuesta recopilada en 36 países, donde un total de 613 497 personas se encontraban privadas de libertad.
En la mayoría de estos países, la responsabilidad de brindar atención médica en las prisiones fue compartida entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia/Interior. Los servicios preventivos, como las vacunas, se ofrecieron universalmente para el COVID-19 en todos los Estados Miembros, aunque aún persistían las deficiencias en el acceso a la vacunación para otras enfermedades como la hepatitis B. La respuesta implementada para el COVID-19 fue buena, excepto cuando las personas estaban transición a la comunidad. La continuidad de la atención era un área que necesitaba inversión, y solo alrededor de la mitad de los Estados miembros garantizaban el acceso a los servicios de salud comunitarios.
La condición más prevalente fueron los trastornos de salud mental, pero la proporción de psiquiatras por personas en prisión no aseguró la equidad en la atención y el acceso al tratamiento fue subóptimo. La minimización de daños se centró principalmente en el acceso al tratamiento del consumo de drogas y menos en las prácticas seguras de inyección o tatuaje. El acceso al tratamiento de la hepatitis C (VHC) no estaba encaminado para lograr la eliminación del VHC y necesita atención urgente. La causa de muerte más frecuente en las cárceles fue el suicidio, seguida de la COVID-19 y la sobredosis de drogas. Se notificó hacinamiento en el 20 % de los estados miembros.
Este informe proporciona una descripción general del desempeño de los sistemas de salud penitenciarios en la región europea de la OMS. Contiene datos de 2020 obtenidos a través de una encuesta recopilada en 36 países, donde un total de 613 497 personas se encontraban privadas de libertad.
En la mayoría de estos países, la responsabilidad de brindar atención médica en las prisiones fue compartida entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia/Interior. Los servicios preventivos, como las vacunas, se ofrecieron universalmente para el COVID-19 en todos los Estados Miembros, aunque aún persistían las deficiencias en el acceso a la vacunación para otras enfermedades como la hepatitis B. La respuesta implementada para el COVID-19 fue buena, excepto cuando las personas estaban transición a la comunidad. La continuidad de la atención era un área que necesitaba inversión, y solo alrededor de la mitad de los Estados miembros garantizaban el acceso a los servicios de salud comunitarios.
La condición más prevalente fueron los trastornos de salud mental, pero la proporción de psiquiatras por personas en prisión no aseguró la equidad en la atención y el acceso al tratamiento fue subóptimo. La minimización de daños se centró principalmente en el acceso al tratamiento del consumo de drogas y menos en las prácticas seguras de inyección o tatuaje. El acceso al tratamiento de la hepatitis C (VHC) no estaba encaminado para lograr la eliminación del VHC y necesita atención urgente. La causa de muerte más frecuente en las cárceles fue el suicidio, seguida de la COVID-19 y la sobredosis de drogas. Se notificó hacinamiento en el 20 % de los estados miembros.
Este informe proporciona una descripción general del desempeño de los sistemas de salud penitenciarios en la región europea de la OMS. Contiene datos de 2020 obtenidos a través de una encuesta recopilada en 36 países, donde un total de 613 497 personas se encontraban privadas de libertad.
Según lo establecido en el RGPD (Reglamento (UE) 2016/679), les proporcionamos la Información Detallada de Protección de Datos que se expone a continuación.
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.
Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.
Utilizamos Cookies propias necesarias para la navegación y el buen funcionamiento de nuestra página web y Cookies de terceros para elaborar estadísticas del tráfico de la misma de forma anónima.