Sanidad dentro de los muros de la cárcel: «Yo no veo presos en nuestra consulta, veo pacientes»
Los muros de las prisiones sirven de frontera entre dos mundos que conviven en España. El de aquellos ciudadanos que gozan de su derecho a la libertad frente al de aquellos que lo han perdido. Los motivos que mueven a una persona al interior de estos muros incluyen desde el más sórdido y mediático de los asesinatos hasta una aburrida pila de multas que no fueron pagadas. En esencia, solo esa privación de libertad cataliza la diferencia entre los que se mueven más allá de los muros y los que permanecen dentro. Por el resto, son personas corrientes y, como tales, son también pacientes.
La Constitución española garantiza en su artículo 43 el derecho a la protección de la salud de todos los ciudadanos. Una norma que, sobra decirlo, se aplica dentro y fuera de las prisiones. Según el último Informe General de Instituciones Penitenciarias editado por la Secretaría General homónima y dependiente del Ministerio del Interior, la población reclusa en España a 31 de diciembre del 2022 era de 46.460 presos que, en ese mismo año, realizaron un total de 446.593 consultas médicas. Por su parte, el personal de enfermería fue requerido en casi tres millones de ocasiones —concretamente, 2.972.530 actividades— y se atendieron más de 236.000 urgencias.
A diferencia de cualquier otro médico en el que el lector pueda pensar, los sanitarios penitenciarios —médicos, pero también los enfermeros y los farmacéuticos— no dependen de los sistemas de salud transferidos a las comunidades autónomas. Sus nóminas las paga el Ministerio de Interior, una primera diferenciación clave de las muchas que dan forma a la atención a los pacientes dentro de las prisiones.
Una sanidad en crisis
La sanidad penitenciaria española ha sido, tradicionalmente, referente. «Hemos sido clave en el control del VIH de este país, en lograr acercarnos a la erradicación de la hepatitis C y en el control de la tuberculosis. Pioneros también en salud mental, porque tenemos una prevalencia altísima de enfermedades mentales graves —principalmente relacionadas con episodios psicóticos— que no se está dando fuera», asegura José Joaquín Antón Basanta, médico en la prisión de Albolote (Granada) y presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP).
Acaba de salir de su turno: treinta y tantas personas han pasado por su consulta, también ha atendido 19 nuevos ingresos, a los que ha abierto una historia clínica. «Además he contestando peticiones de los juzgados, elaborando documentos para gente que se va y necesita un informe de discapacidad o documentación para la ley de dependencia». Tiene 63 años y es el segundo más joven de los cinco médicos con los que cuenta el centro andaluz. Es uno de los muchos problemas que denuncian desde esta asociación: el relevo generacional se está perdiendo; no hay a quién transmitir los conocimientos de toda una vida atendiendo enfermos intramuros porque, según argumentan, las malas condiciones en las que trabajan hacen que «menos del 30 % de las plazas estén cubiertas». El presidente de SESP lamenta: «La atención sanitaria en prisión es abismalmente peor a cómo era hace 30 años».
Las enfermedades de la cárcel: diferentes patologías con respecto al exterior
La hipertensión, la diabetes o la hipercolesterolemia también están entre rejas. Los pacientes crónicos existen y la atención penitenciaria es, fundamentalmente, primaria. Sin embargo, la falta de manos en la que insiste Antón Basanta, ha obligado a virar el rumbo: «La atención primaria ha desaparecido en el 80 % de las prisiones y se está convirtiendo en una medicina exclusivamente de atención de urgencia».
Existen diferencias clínicas notables con respecto al exterior. Por ejemplo, la incidencia de enfermedades infecciosas es mayor. Algunas, relacionadas con el elevado número de personas drogodependientes —como la hepatitis C o el VIH—, pero también sarna o tuberculosis. Es importante entender que la historia de muchos reclusos es compleja, ciudadanos cuyo primer contacto con la sanidad en toda su vida es cuando entran en prisión, «porque fuera están en busca y captura o viven en zonas marginales en las que la salud no es una prioridad». «Somos una oportunidad de solucionar problemas que eviten que puedan delinquir o que entren de nuevo en prisión», concluye.
Leo Sánchez, enfermero: «Estamos para lo que surja»
Leo Sánchez tiene 49 años y es enfermero de la cárcel de Pereiro de Aguiar (Ourense) desde 1998. Aquel año terminó la carrera, pero en septiembre, lo que provocó que no pudiese enganchar un contrato de verano en cualquier centro del Sergas. Aceptó una vacante como enfermero penitenciario. Su contrato era por un mes y lleva 26 años.